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La transparencia fantasma

Filipo Ocadiz

Desde hace ya dos sexenios es común ver por distintos medios que buena parte del presupuesto de obras, programas sociales y de casi cualquier otro rubro de la administración pública se mueve por medio de empresas privadas, el sello característico del neoliberalismo. Desde el salinato se nos ha vendido la idea de que el gobierno es un mal administrador y que las empresas, en ese sentido, son la solución al problema de la corrupción. Por desgracia nada más alejado de la realidad.

Cada vez es más común que las noticias que recibimos acerca de los desvíos, robos en realidad, del presupuesto son obra de sistemas de triangulación digamos sofisticada, en la que participan gobiernos, universidades y empresas, estas últimas muchas veces no cumplen con los requisitos de ley para llevar a cabo los servicios o producir los bienes para lo cual fueron contratadas, siendo señaladas así, como fantasmas. 

Muchas veces son contratados servicios o proyectos que nunca se llevan a cabo, siendo la estafa maestra el botón de muestra, pero, por desgracia, no el único. Buena parte de los recursos robados han seguido la estrategia de la triangulación de fondos, pero ahora han evitado a las universidades y directamente mandan los fondos a empresas propiedad de algún trabajador o incauto que, posiblemente por unos cuantos pesos firma lo que le pongan enfrente. Pocos son los casos donde la búsqueda de los dueños reales de las empresas fantasmas da con algún exfuncionario o algún empresario consentido.

El problema en realidad surge cuando los ciudadanos podemos conocer y solicitar la información relativa a todos los contratos que se otorgan. Incluso, cualquiera puede estar presente en una licitación, pero ¿hasta qué punto un ciudadano normal podría saber que un contrato se otorga a una verdadera empresa y no a una fantasma? La respuesta es simple, no puede. Ni estando presente, ni solicitando la información.

Las empresas que concurren a una licitación deben cumplir con una serie de requisitos que se establecen en las bases del concurso mismo. Siendo que los requisitos son verificados antes de entrar a la licitación, la capacidad de los ciudadanos de conocer esta información se reduce. A una solicitud de transparencia que requiera saber si las empresas que concursaron para obtener algún contrato para conocer si cumplen con los requisitos establecidos en la licitación, la respuesta vendría en sentido afirmativo y no habría forma de negarlo.

El principal problema para cualquier ciudadano sería la poca o nula capacidad para investigar a fondo si todas las empresas cumplen con los requisitos, pues ello conlleva gastos que muy pocos se pueden dar el lujo de hacer. Si, como ha sucedido hasta hoy, las empresas no solo no cumplen con los requisitos, tampoco hacen los trabajos para los cuales fueron contratadas los ciudadanos no tendríamos oportunidad de saber, ni siquiera por transparencia, si esto es real o no, hasta que una investigación periodística sacara a la luz el robo de los recursos públicos y esto lleva en muchos casos años.

Tanto la estafa maestra, como los papeles de Panamá y los papeles del paraíso tienen el mismo hilo conductor, grandes investigaciones periodísticas, las últimas dos esfuerzos internacionales, para conseguir la verdad acerca del destino de miles de millones de dólares de los contribuyentes de muchos países que terminaron en manos de unos cuantos ladrones. Así mismo, la transparencia tiene un problema más grande, pues las respuestas a los ciudadanos serían inmaculadas, técnicamente confiables y legalmente satisfactorias para cualquiera, sin traza alguna para la sospecha. Aunque ello termine en un verdadero fiasco.

Como de costumbre la realidad supera a la ficción. Los mecanismos para lograr una verdadera transparencia deben incluir controles para que los ciudadanos no solo obtengan un documento en el que diga que todo está bien y que se actuó conforme a derecho, también se deben generar verdaderos compromisos para cumplir con la ley por parte de quienes administran el dinero. Sin ello, será imposible hacer cualquier avance y evitar la simulación. Leyes van y vienen, pero que se cumplan y hacerlas cumplir es el reto y como ciudadanos poco o nada podemos hacer si no se tiene una forma asequible de tener información que realmente se pueda verificar.

@FilipoOcadiz

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