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La transparencia y sus límites

Filipo Ocadiz

Como todos los derechos, la transparencia tiene límites claros y bien definidos. Ningún derecho, en consonancia, puede ser absoluto pues cada derecho tiene como límite el derecho de otro. Mi derecho a saber, entonces, llega hasta el punto en el que ese derecho entra en conflicto con el derecho ajeno, frase muy conocida de Juárez la representa mejor: el respeto al derecho ajeno, es la paz. Así, pues, no existe el derecho de derechos y tampoco existe el derecho universal, cada pueblo, cada comunidad y cada individuo concibe sus derechos de forma particular y única. Habrá quienes prefieran ejercer un derecho y no otro. Habrá quienes prefieran saber y quiénes no.

Los límites de la transparencia gubernamental, en ese mismo sentido, no son tan claros. Las personas servidoras públicas tienen menos derechos en cuanto a su protección de datos personales se refiere y, así mismo, en lo tocante a las decisiones que toman pueden ser conocidas por todos. Esto por supuesto que tiene una razón de ser. Es necesario por parte de la ciudadanía que se conozca quién y cómo recibe el dinero público, los impuestos pues, cómo los gasta, cuando se trata de obras y servicios, en fin. Pero claro que existen también ciertos casos en donde no se puede saber quién es el funcionario que recibe emolumentos por hacer su trabajo; el caso más concreto es el de aquellas personas que desarrollan labores de inteligencia o que se encuentran en calidad de infiltrados en las organizaciones criminales. 

Con esa misma perspectiva la propia ley de transparencia también protege aquella información que, por su propia existencia, pueda dañar el derecho de alguien más. En el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se especifican las razones por las cuales un documento puede ser reservado. Las condiciones para que ello suceda van desde la seguridad nacional, como en los casos de querer saber dónde se potabiliza el agua de una ciudad, hasta comprometer la seguridad e integridad de algún ciudadano, como saber cuándo es el cambio de turno de la escolta que acompaña a algún ciudadano amenazado, pasando por aquellas que pueden obstaculizar el ejercicio propio de la autoridad, el más claro ejemplo se encuentra cuando los ciudadanos requieren saber el lugar donde se instalarán los llamados alcoholímetros.

Entonces la ley encauza estos supuestos y permite que los ciudadanos o las áreas estratégicas del gobierno continúen trabajando bajo ciertos límites, sin que ello signifique la absoluta opacidad en sus funciones. 

Por desgracia esto no siempre es así. En estos días nos hemos encontrado que una gran parte de las solicitudes de información de los ciudadanos caen en manos de comités de transparencia (órganos bipartitos, acuden funcionarios y el encargado de la contraloría interna, en cada dependencia cuya función primordial es, precisamente, reservar documentos) a modo que en más de una ocasión han reservado documentación que no deberían.

Ejemplos hay de sobra. Lo que no se puede permitir es el uso faccioso de la ley en el sentido de reservar cualquier información con tal de no dar a conocer los excesos o los francos casos de corrupción, que por cierto la propia ley prohíbe. Una verdadera muestra de ello han sido los recursos para la reconstrucción aprobados poco después de los sismos de septiembre del año pasado. En la capital del país, se tuvo a bien comisionar a tres diputados locales para ejercer, parece que subrepticiamente, este fondo. El cual se sabe muy bien fue desviado para las campañas en la capital del país, siendo Coyoacán el caso más evidente de este tipo de tropelías.

Sin más explicación que aducir seguridad nacional, los tres sujetos de apellidos Luna y Toledo del PRD y Romero del PAN, todos asambleístas de la Ciudad de México se han encargado de hacer compras distintas a las comprometidas en ese fondo y, como colofón, se ha reservado dicha información al menos por tres años, según la ley local. 

El próximo pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México tendrá el enorme reto de investigar hasta qué punto la reserva del citado documento es válida o no y así con un sinfín de documentos más en manos de funcionarios no muy rectos. Por supuesto que esto no es privativo de la capital del país, pues en muchos lugares de la república se ha venido haciendo esta práctica sin que hasta hoy se haya puesto un alto o, peor todavía, cuando se trata de una vendetta política es entonces cuando se pide, se exige que los documentos sean abiertos a la brevedad pero dejando de lado aquello que pueda ser comprometedor para quien así lo solicita.

En fin, es mucho el trabajo el que resta para que la transparencia sea una forma eficaz y expedita para conocer qué se hace con nuestros impuestos y así llegar a tener un gobierno honesto en toda la extensión de la palabra. De nuestra parte, como ciudadano, cabe esperar que sean las solicitudes de transparencia dejen de ser algo así como un mito urbano y sean en realidad un acto de justicia social. Aunque, por otro lado, en los países más desarrollados las solicitudes de información son casi inexistentes a pesar de tener instituciones para garantizar el acceso a ello, pues la confianza en que las autoridades hacen su trabajo es muy alta, cosa que por desgracia aún está muy lejos en este México surrealista que vivimos y padecemos.

 

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